domingo, 2 de noviembre de 2014

TTIP o IVG entre el comercio y la calidad de vida


En las últimas semanas me he encontrado en las redes y en algunas publicaciones información sobre La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión o TTIP (en inglés), que son unos acuerdos comerciales que están negociando la Unión Europea (UE) y EEUU, Y descubrí que no son unos acuerdos que se están llevando a cabo con “luz y taquígrafo” para que la ciudadanía conozca en qué términos se está negociando, que por cierto afectaran a nuestra vida cotidiana, es decir, a nuestro medio ambiente, a nuestra alimentación, a la protección de la salud y a los servicios públicos entre otros. Lo que me pareció extraño es que ni tan siquiera los mismos eurodiputados están participando en las reuniones que se realizan en la sede del Parlamento Europeo, sino que además se les impide el acceso libre a los documentos. Como así nos explicó en una charla informativa sobre el TTIP  la eurodiputada de PODEMOS Lola Sánchez quien dijo que para entrar a la sala donde están los documentos solo se puede entrar de uno en uno, sin bolígrafo y sin móvil, para no anotar ni hacer fotografías sobre lo que está escrito. Incluso fue más lejos diciendo que esos documentos no podrían salir a la luz pública hasta 30 años después de firmados, no es ninguna broma.   Además la UE ha rechazado la Iniciativa Ciudadana Europea para la recogida de firmas en contra de la TTIP para que la ciudadanía tenga derecho a presentar peticiones sobre los procesos y tomas de decisiones de la UE, lo que convierte dichos acuerdos en antidemocráticos.


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¿Entonces quienes están participando? Se sabe que el negociador jefe de la UE para el TTIP, es Ignacio García-Bercero y como representante de la delegación norteamericana Elena Bryan. El resto de participantes, son lobbies de diferentes corporaciones multinacionales y patronales, se habla que ellos forman el 90% de los negociadores. Eso significa que no solo están excluidos los representantes políticos de las democracias parlamentarias escogidos por los ciudadanos en sus respectivos países, sino que se han dejado fuera a sindicatos y grupos de la sociedad civil. Con toda esta información parece claro que además de ser unos acuerdos antidemocráticos, se van a firmar unos acuerdos comerciales para favorecer la influencia de las multinacionales sobre los estados, lo que condicionaría las leyes de dichos países. No es descabellado pensar que la UE pasaría de una democracia a una plutocracia, de pasar de un sistema donde la soberanía ciudadana puede decidir, a un sistema donde quienes deciden son quienes poseen la riqueza. De hecho aunque no estén firmados, conocemos los favores que las multinacionales reciben de los países en donde se instalan.


Así las empresas multinacionales están discutiendo cuales pueden ser las condiciones más ventajosas a nivel arancelario y aduanero y cuáles serían las relaciones con los estados.  Tengamos en cuenta que estamos hablando de una población de 800 millones de ciudadanos y de una economía que conjuntamente representan el 60% del PIB mundial, el 33% del comercio en bienes y el 42% del comercio en servicios, por lo que nos podemos hacer una idea del volumen de negocio del que estamos hablando. De lo que no se ha hecho difusión es que la UE y Canadá después de 10 años de discusión ya han firmado el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA en inglés) y que tendrán que ser ratificados por el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo y que si se aprueba comenzará a tener efectos en el 2016, si es que los ciudadanos no lo impedimos.



En las únicas filtraciones que se conocen de las negociaciones sobre TTIP se descubre que los temas tienen que ver con el medio ambiente (biocombustibles, abastecimiento de aguas, regulación de productos químicos), el fracking, la agricultura y ganadería, el consumo, la protección a la salud y control alimentario, y los servicios públicos. Y por supuesto las condiciones y derechos laborales de los trabajadores. Esto significa que se cambiarán las reglas de juego, de manera que las normas regulatorias afectaran a la producción y prestación de bienes y servicios. Lo que significa que una vez aprobado los gobiernos tendrán que adaptar sur normativas nacionales a estos acuerdos internacionales, lo cual derivará en nuevas reformas laborales, financieras, fiscales, etc. así el TTIP estaría por encima de la Constitución de cada país.

Por poner un ejemplo unos ejemplos con la firma del TTIP habría una pérdida de derechos laborales, ya que EEUU solo ha suscrito 2 de los 8 Convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que supondría la eliminación del salario base, mayor rebaja salarial, la limitación de la representación colectiva de los trabajadores, etc. Habrá una comercialización de la naturaleza a favor de beneficios económicos de manera que las políticas medioambientales se flexibilizarán aumentando la producción y venta de productos transgénicos, el uso de toxinas y sustancias peligrosas que cuentan con una legislación más favorable en EEUU. Además  el tratado tiene como objetivo la liberalización de los servicios y su ámbito es muy amplio: transporte, comunicación, datos, servicios legales, subvenciones agrícolas, educación, salud, residuos, suministro de agua, distribución de energía y comercio digital. Es una amenaza real para los servicios públicos como la salud y la educación, y puede también implicar una mayor liberalización de los mercados financieros.





De manera que no solo se situaría a la población a una mayor pobreza y explotación laboral sino que estaríamos dentro de una mayor exposición de productos químicos que afectarían a nuestra salud. Por lo que el negocio y los beneficios económicos de las multinacionales están muy por encima de la calidad de vida, la educación, la salud y el desarrollo individual. De ahí se entiende la opacidad con la que se están llevando a cabo dichas negociones.

Por último para entender la supremacía que tendrían las multinacionales sobre los gobiernos nacionales se crearían unos tribunales que servirían para solucionar las controversias entre el estado y los inversores. Se instauraría lo que se denomina un Mecanismo de Resolución de Conflictos (ISDS en inglés), cuyo tribunal estaría formado por abogados de los bufetes más importantes del mundo, que son quienes están asesorando a las compañías, y que en lugar de acudir a los tribunales nacionales, las empresas recurrían ante estos tribunales arbitrales pudiendo exigir compensaciones millonarias. De hecho España ya está utilizando estos mecanismos con países como Argentina y Ecuador, donde las empresas Repsol, Gas Natural y Arbengoa ya han interpuesto conflictos de intereses con estos países. Es lo que se ha denominado como “protección de inversores” 


Por todo ello la TTIP no es solo comercio, sino como dice el profesor canadiense David Schneiderman esto es un “Nuevo Constitucionalismo”, o lo que algunos denominan la manifestación de un Nuevo Orden Mundial, donde se garantizan los derechos de los inversores por encima de los derechos ciudadanos y donde los gobiernos nacionales pasan a ser súbditos de las multinacionales. De hecho en España ya tenemos una prueba irrefutable que hace referencia a la modificación de nuestra Constitución a favor de los grupos de poder, donde en el artículo 135, modificado en agosto del 2011, y aprobado por el bipartidismo PP-PSOE, sin hacer una consulta ciudadana, se da prioridad absoluta al pago de la deuda por encima del bienestar de los ciudadanos.

Desde la Fundación de Vida en Igualdad  proponemos un Ingreso de Vida GarantizadoIVG- (LIG en inglés) donde hemos planteado una serie de soluciones:

A la luz de este entendimiento y de nuestra responsabilidad común, hemos escrito una propuesta para el cambio. No necesitamos líderes, necesitamos un acuerdo colectivo para no apoyar más tal mundo, tal miseria , tal sufrimiento, porque no hay necesidad de ello, nadie se ha vuelto mejor o más inteligente, por lo que debemos cambiar el contenido de las lecciones que estamos tratando de enseñarnos a nosotros mismos y a los demás, renunciando a nuestro sufrimiento, abandonando el sufrimiento de todos por un mundo diferente, donde la vida sea lo que se valora por encima de todo, y el dinero sea devuelto a la gente, donde siempre debería haber estado, al servicio de la Vida.

El Ingreso de Vida Garantizado (IVG) es una propuesta que aborda el problema inmediato y urgente de la enorme desigualdad mundial. Las actuales políticas económicas y políticas públicas aplicadas para promover la prosperidad y el bienestar de los marginados que actualmente existen en el mundo, hasta cierto punto, han sido capaz de facilitar el crecimiento económico, pero las bondades de este crecimiento, están aún por alcanzar a los que más lo necesitan. El Ingreso de Vida Garantizado asistirá y apoyará a aquellas personas dentro de la sociedad que se encuentran en una posición de desventaja como resultado de la actual ineficacia e insuficiencia estructural. El Ingreso de Vida Garantizado ofrecerá igualdad de oportunidades para todos, funcionando como el medio por el cual las naciones serán capaces de remediar los efectos más directos y negativos del capitalismo, manteniendo muchas de las fortalezas que tal sistema representa. El Ingreso de Vida Garantizado por tanto ayudará a equilibrar el crecimiento con la sostenibilidad, garantizando y asegurando los derechos humanos fundamentales para todos.









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